Desde hace tiempo, se vienen produciendo casos de introducción ilegal y fraudulenta de animales de compañía para ser vendidos en España, procedentes de países del Este, lo que se ha incrementado en los últimos años.
El Presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Juan José Badiola, ha remitido un escrito (VER) en representación de todos los veterinarios colegiados, al Ilmo. Sr. Director General de Sanidad de la Producción Agraria, denunciando este hecho, que supone una gran preocupación para los profesionales veterinarios ya que, en la mayoría de los casos, los animales introducidos en el país de esta forma no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, lo que tiene una importante repercusión en la salud de las personas (véase por ejemplo el caso reciente de rabia en Holanda en cachorros procedentes de Hungría).
Además, según describe la OCV en su escrito, esta situación compromete igualmente la salud de nuestras mascotas, ya que se introducen nuevos serotipos de virus y la eventual reintroducción de patógenos que estaban erradicados.
Dado que los veterinarios deben tener una participación determinante como garantes de la protección de la salud pública y de nuestras mascotas, del cumplimiento de las normativas vigentes respecto al transporte de animales en la UE, el bienestar de los animales objeto de transacciones comerciales y su cuidado sanitario, entre otras cosas, sería necesario que antes de realizarse cualquier operación de las mencionadas ventas de mascotas, se exigiera un certificado de salud del animal expedido por un veterinario colegiado.
El citado certificado, junto con los documentos de identificación del animal (cartilla o pasaporte), permitiría al comprador tener una garantía suficiente de que el animal que compra reúne las condiciones sanitarias adecuadas y sería un instrumento para poder reclamar en caso contrario.
Por todo ello, la OCV ha solicitado a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAGRAMA que realice los trámites correspondientes destinados a promover la aprobación de una disposición que regule estas transacciones de animales de compañía, a través de la intervención de los veterinarios en los términos anteriormente citados, con la colaboración de la organización que reúnen a todos los colegios profesionales de veterinarios de España.
